Ministerio Público valora incorporación de pruebas correspondientes a delaciones en Caso Odebrecht


El procurador adjunto Wilson Camacho rechazó la conclusión del tribunal respecto a que algunas de las pruebas no fueron traducidas 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-El procurador adjunto Wilson Camacho valoró la incorporación de las pruebas correspondientes a las delaciones de ejecutivos de Odebrecht por parte del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conoce el expediente por los US$92 millones distribuidos por la multinacional brasileña a intermediarios y funcionarios para agenciarse contratos de obras de infraestructura en el país.

No obstante, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, rechazó la conclusión del tribunal respecto a que algunas de las pruebas carecían de una traducción al idioma español.

En la continuación del juicio del Caso Odebrecht, el Ministerio Público presentó este martes un recurso de oposición parcial a la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que rechazó el lunes pasado la incorporación de una comunicación y dos de sus anexos, enviados al país por las autoridades de Brasil. 

El magistrado Camacho expresó: “En primer lugar, el Ministerio Público acata la decisión, pero hay parte de ella que no la comparte. ¿Qué compartimos con el tribunal? Que el tribunal haya admitido las delaciones que han sido debidamente traducidas y el tribunal lo reconoce; o sea, las delaciones son parte de las pruebas del tribunal y falta que sean leídas en el tribunal”.

Enfatizó en que no comparte la decisión relativa a la traducción de las pruebas, tras indicar que en la página 294 de la acusación el Ministerio Público hace referencia a que ofreció esas traducciones mediante acto número 52-2017, del 19 de mayo de 2017. 

Refirió que esa traducción la hizo la traductora judicial Luz María Serra Nova y dijo que esa indicación está en la  acusación del Ministerio Público. 

“El Ministerio Público demostró en el tribunal también que cada una de las defensas de este caso tuvieron conocimiento de las traducciones del Ministerio Público porque el propio Ministerio Público se la comunicó sobre acto de alguacil”, dijo.

En ese sentido, insistió en que “no compartimos la decisión del tribunal que ha dejado fuera, solamente, el acuerdo de Odebrecht con Estados Unidos y el acuerdo de Odebrecht con Brasil”.

Agregó que el resto de las evidencias han sido incorporadas, entre ellas, las delaciones. 

Ante preguntas de los periodistas a la salida del tribunal, Camacho calificó como una falacia las pretensiones de la defensa de retirar la acusación. “Eso es una falacia de la defensa porque las vinculaciones de estas personas están en las delaciones, no están en los acuerdos”. 

Explicó que en los acuerdos lo que hace Odebrecht es que admite que pagó sobornos en varios países, entre ellos, República Dominicana. “Pero, incluso, si ustedes recuerdan, que le han dado seguimiento a este juicio, cuando Mauricio Dantas Bezerra declaró, indicó a este tribunal dónde Brasil había admitido el pago de sobornos: en Estados Unidos, en Brasil y en República Dominicana”.

Detalló que el acuerdo entre Odebrecht y las autoridades del Ministerio Público de República Dominicana, donde la constructora admite que distribuyó sobornos está incorporado en este proceso y las delaciones que también están incorporadas son también una consecuencia de esa cooperación internacional.

“En República Dominicana Odebrecht ha dicho que distribuyó sobornos y ha venido a este tribunal a decir que pagó sobornos y, se deben ver las consecuencias”, apuntó el magistrado Camacho, quien encabeza el equipo que representa al Ministerio Público en el juicio.  

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de declaratoria de inadmisibilidad del recurso de oposición formalizado por el Ministerio Público. Declaró  regular y válido en cuanto a la forma los recursos de oposición formalizados por el órgano acusador y por la defensa técnica de Ángel Rondón Rijo por haber sido presentados ambos en la forma y plazos establecidos en la norma.

En cuanto al fondo, confirmó en todas sus partes la decisión recurrida y en consecuencia rechazó la incorporación de cualquier documento identificado en la prueba número 1 y sus anexos que no se encuentre en idioma español.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, que integran el tribunal, adoptaron la decisión en una extensa audiencia que se prolongó por alrededor de 12 horas. Dispusieron la continuación del juicio para este jueves 25 de marzo, a partir de las 9:00 de la mañana.

La Pepca recordó que las delaciones premiadas forman parte de los anexos y permanecen como pruebas en el proceso, sin ser excluidas por el tribunal, debido a que están debidamente traducidas al español.  

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional alegó que algunas pruebas estaban en portugués, una postura refutada por Ministerio Público.

Los fiscales del caso iniciaron la mañana del lunes 22 de marzo con la presentación de más de 700 pruebas documentales pendientes de incorporación en el juicio que se sigue en contra de seis imputados de recibir sobornos de los US$92 millones que pagó Odebrecht para lograr contratos de obras gubernamentales. Esto, luego de haber presentado 28 testigos desde el pasado 8 de enero, logrando con la mayoría incorporar cientos de pruebas.

Las evidencias se presentan en contra de Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), y Víctor Díaz Rúa, también exdirector de Inapa y exministro de Obras Públicas.

Además, contra Ángel Rondón Rijo, quien fungió como representante de Odebrecht en sus negocios con el Estado dominicano, y por igual contra Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón; exsenador de la provincia San Cristóbal, y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno.

El Ministerio Público mantiene la acusación de que los imputados incurrieron en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.

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