Al Tanto Digital

El MCCU explicó que República Dominicana posee miles de tareas de tierras hábiles para la producción de alimentos de ciclo corto y largo, pero que, la falta de panificación agropecuaria no permite la siembra a gran escala en diferentes provincias.

La secretaria general del MCCU, Justina Santana, Alejandro García, de organizaciones; Felipe Crisóstomo, de Finanza; Wendy Robles, secretaria de Acta; y Luis David Moreno, secretario de la Juventud, respectivamente, pusieron como ejemplo las provincias de Monte Plata, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor y Duarte cuentan con tierra suficiente para la producción de alimentos para el consumo local y de exportación.

Los dirigentes del MCCU advirtieron que si Gobierno, no toma en cuenta a los pequeños productores, a través del Ministerio de Agricultura, el país podría verse afectado por falta de alimento en los próximos meses.

Finalmente, el MCUU pidió al presidente Luis Abinader realizar encuentro con los pequeños y medianos productores, a fin de lograr un programa de incentivo a la producción agrícola nacional para evitar que en República Dominicana haya escasez de alimentos en el futuro inmediato.

El director ejecutivo, Juan Salas, consideró que este ejercicio ayudará al organismo a revisar sus protocolos de actuación internos, recursos humanos y técnicos, así como las unidades de rescate urbano y caninas (K-9) que estarán respondiendo a los diferentes escenarios del evento.

En el encuentro, Salas instó a los directores provinciales a actuar en el territorio conjuntamente con las gobernaciones y las alcaldías, como responsables de los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (C-PMR).

Indicó que un factor importante es que la Defensa Civil, a través de su Escuela Nacional de Gestión de Riesgos, ha estado fortaleciendo las capacidades de las instituciones públicas y privadas para que puedan responder adecuadamente ante cualquier situación de emergencia.

“En los últimos meses hemos estado acompañando a diferentes entidades a elaborar sus planes de emergencias y continuidad de operaciones, así como a conformar y capacitar sus brigadas de emergencias, por lo que será una oportunidad para valorar esos conocimientos” dijo Salas.

Mencionó que entro de esas instituciones públicas están los ministerios de Medio Ambiente, Turismo, Interior y Policía, Administración Pública, Congreso de la República, Superintendencia de Bancos, Tribunal Constitucional, Indotel, entre otras; y privadas como Banco Promérica.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador de corte Francisco Contreras expresó que la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) aboga por la aprobación de un nuevo marco jurídico en materia minera, “para que toda extracción se produzca con respeto al medio ambiente”.

El titular de la Proedemaren explicó que ese proyecto legislativo debe incluir temas como el marco institucional minero, las normas relativas a los títulos habilitantes, las licencias y concesiones, el régimen de nulidad, caducidad y extinción de derechos. También el régimen fiscal y económico, la protección del ambiente y el plan de cierre.

Debe establecer, asimismo, el régimen de infracciones y sanciones para esa industria, “punto último que va acorde con nuestras responsabilidades como Ministerio Público ambiental”, expresó Contreras.

El representante del Ministerio Público se refirió al tema al exponer este viernes en el Tercer Congreso Nacional e Internacional Ecología y Minería, que se desarrolla en el Auditorio P. Ramón A. Beato, de la Biblioteca Octavio A. Cardenal Beras Rojas, en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

El titular de Proedemaren expresó que “el derecho a un ambiente sano debe ser garantizado por el Estado”. En ese sentido, agregó que la procuraduría especializada que encabeza está inmersa en la actualización, implementación y monitoreo de protocolos de persecución y prevención de delitos y conflictos ambientales en todo el ámbito nacional.

Los protocolos incluyen la persecución, la prevención y la investigación, “además de que este accionar sea cercano a la ciudadanía, como lo ha dispuesto la honorable procuradora general de la República,  Miriam Germán Brito”, dijo.

Durante su ponencia, el funcionario instó a que las autoridades gubernamentales y la sociedad civil impulsen “un trabajo de articulación estratégica en conjunto”.

“Abogamos por la habilitación de un observatorio de los conflictos y delitos ambientales”, agregó. Además consideró necesario establecer “mecanismos de control a las mineras”

Asimismo, con el propósito de fortalecer el ejercicio de la justicia penal sobre el medio ambiente, Contreras propuso la creación de “una sala especial ambiental”, para conocer los casos relativos al medio ambiente, con jueces y funcionarios especializados en el tema.

Los representantes gremiales expusieron al Presidente los siguientes temas, entre los más fundamentales:

·         Las cancelaciones de 800 profesionales,  sucedidas en las instituciones del sector público agropecuario.

·         Las pensiones  justas de  790 profesionales, por tiempo en servicios, edad y salud, así como la revisión de Acápite de injustas pensiones de un apreciado número de profesionales.

·         Pago de horas extraordinarias a los profesionales que laboran en el sistema cuarentenario de sanidad vegetal y animal en los puertos y aeropuertos.

·         Pago de retroactivo del reajuste salarial a los profesionales que laboran en el Ministerio de Agricultura, IAD, Dirección General de Ganadería y otras.

·         La situación de inseguridad y falta de pago regular a los profesionales que prestan servicios en el programa MEGALECHE.

·         Formación y actualización de los profesionales agropecuarios que trabajan en el sector público agropecuario.

Fue una reunión amplia, donde primó un ambiente de cordialidad, respeto y mucha distención. El presidente escuchó con mucha atención nuestras principales preocupaciones y se comprometió a cumplir con lo siguiente:

·         Primero, el cese inmediato de las cancelaciones en todas las instituciones del sector agropecuario.

·         Segundo, pensionar todos los Profesionales Cancelados que ostenten las condiciones requeridas para ello.

·         Tercero, trabajar conjuntamente en un proceso de reposición gradual de los profesionales cancelados.

·         Cuarto, crear un espacio de diálogo y trabajo conjunto para buscar la debida solución a todos los temas planteados.

En ese sentido, el Presidente instruyó a su asistente personal Miguel Vásquez Peña, quien le acompañó en la reunión, para que trabaje, coordine y gestione directamente con los representantes gremiales las acciones y medidas necesarias y sobre todo, que haya una comunicación constante entre las partes involucradas.

Finalmente en ese mismo orden, el Presidente impartió directrices para que su asistente se reúna con la representación de los gremios, el próximo viernes 22 de octubre 2021, a fin de concretizar todo lo planteado

Los gremios de profesionales agropecuarios valoran positivamente y saludan la actitud receptiva del Señor Presidente, Lic. Luis Abinader, al recibirlos en su despacho e iniciar un proceso de diálogo y solución a todas las inquietudes y demandas planteadas.

Se establece pues, un compás de espera y se reafirma la convicción de continuar trabajando por el bienestar de todos los profesionales agremiados y el desarrollo del sector agropecuario.

Durante el acto, realizado en uno de los salones del “Club Julio Sauri” de la CDEEE varios de los inversionistas destacaron los niveles de transparencia y celeridad con que fueron evaluados y aprobados esos contratos, considerando que, en el pasado, tardaban entre uno y ocho años.

Hablando de la inversión destinada a estos proyectos, que será superior a los 485 millones de dólares, el ministro Antonio Almonte, consideró un hito haber firmado esos contratos porque estimulan la inversión en energía, generan confianza y cumplen con la promesa del cambio en el sector.

“Estos inversionistas darán testimonios y serán promotores para el estímulo de nuevas inversiones en República Dominicana en el área de la energía, tras haber arribado a este proceso sin ninguna dificultad en términos de transparencia y legalidad”, señaló.

Almonte expresó, que por las facilidades recibidas y la transparencia del proceso los inversionistas presentes serían los mejores promotores para estimular la afluencia de capitales para la inversión en energías limpias y así transformar la matriz de generación inyectando fuentes renovables.

Afirmó que la construcción de estos proyectos iniciará en breve plazo en los diferentes municipios del país.

El vicepresidente del Consejo Unificado de las EDE, Andrés Astacio, tuvo a su cargo la firma de los contratos de compra y venta de energía con las empresas participantes, Koror Business S.R.L; Desarrollo Fotovoltaicos DSS, S.A.S.; Levitals Grupo Inversor, S.L.U.; Ege Haina, AES Dominicana Renewable Energy, S.R.L; Electronic, J.R.L. y Natural World Energy Corporation, NWEC, S.R. L.

Las empresas tienen contemplado desarrollar sus proyectos fotovoltaicos de entre 42 y 120 megavatios en Azua, Peravia, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata y La Victoria, en Santo Domingo Norte.

El doctor Astacio dijo que la firma de los contratos eran parte de la continuación de la política energética establecida por el presidente Luis Abinader para que el país tenga una matriz de energías renovables con el gas natural como combustible de transición.

Agregó, que en los próximos días se continuará trabajando con otros concesionarios a fin de lograr acuerdos que beneficien a la sociedad dominicana dentro de un marco legal y transparente.

Al finalizar el acto los empresarios que firmaron los contratos para la producción de energías renovables coincidieron en señalar, que no habían participado en el pasado en un encuentro de esa naturaleza, ni que mostrara esos niveles de transparencia para la realización de sus negocios.

Jaime Llinares, de Levitals Grupo Inversor, destacó el esfuerzo del gobierno para eliminar las trabas burocráticas del pasado y felicitó a las autoridades por hacer realidad este esfuerzo empresarial.

Michelle Reyes, directora Comercial de AES Dominicana, felicitó a las autoridades por los niveles de transparencia con que fueron manejados los contratos, así como por la celeridad con que fueron tramitados todos los permisos, “algo que no se veía con mucha frecuencia”.

El empresario Alfonso Rodríguez, representante de Electronic JRC y el proyecto Monte Plata Solar, destacó el esfuerzo hecho por la actual gestión para incorporar más energía renovable en la matriz energética del país. “Este trabajo hecho por las autoridades lo podemos calificar como muy bueno”, resaltó Rodríguez.

Mientras que Luis Mejía Brache, de Ege Haina, resaltó que su empresa tiene mucha experiencia tramitando permisos y que el tiempo récord en que fueron aprobados en esta ocasión “es un motor para seguir invirtiendo en el país”. “Esto es un apoyo a los inversionistas como nosotros para seguir invirtiendo en nuevos proyectos y nuevas inversiones”, dijo. 

El Ministro de Energía y Minas compartió la mesa principal, además del vicepresidente del Consejo Unificado de las EDE y varios de sus miembros y con el viceministro de Energía, Rafael Gómez. El proceso fue notarizado por la abogada Carmen Chevalier.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible una solicitud urgente de resolución con la que el diputado Gregorio Domínguez Domínguez, de la provincia Santiago, buscaba que el Ministerio Público se pronunciara sobre el archivo de una querella en su contra.

La decisión la tomó jueza Vanessa E. Acosta Peralta, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, designada por el presidente del alto tribunal, Luis Henry Molina, a solicitud del procurador adjunto Rafael Suárez, en ocasión de la querella en violación de propiedad interpuesta por Lucila Nelly Capellán Luna contra el diputado Domínguez Domínguez. 

Capellán interpuso ante el Ministerio Público una querella, el 11 de noviembre de 2020, en la que acusa al congresista de una presunta violación de los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública, y el número 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad Privada.

Capellán Luna alega que el 27 de marzo de 2020 Domínguez Domínguez dirigió la ejecución ilegal de un desalojo, la destrucción y demolición de una vivienda en construcción a nivel de plato, ubicada la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata.

Conforme a la instancia presentada por el procurador adjunto Suárez a la alta corte, para pedir la designación de un juez de control especial, la querellante alega que el legislador hizo el desalojo sin la debida orden de una fuerza pública y acompañado de una turba de hombres armados, incluyendo militares, y de otros que simularon ser fiscales y un juez de paz.

La querellante también acusa a la esposa del diputado, Judith Idalia Núñez Guzmán; a su empleado Catalino Martínez; a Julio César Acosta, propietario de una pala mecánica, así como al conductor de dicho aparato, Emmanuel Williams Molina.

Tanto el diputado Domínguez Domínguez como su esposa Núñez Guzmán solicitaron al procurador adjunto Suárez que declarara la “inadmisibilidad de la querella, oposición a la constitución en actor civil y el archivo del expediente”.

El 7 de octubre de 2021, ambos querellados notificaron al procurador adjunto un acto de intimación y puesta en mora para que le notifique “el dictamen de admisibilidad o no de la querella”, una acción que trataron de lograr infructuosamente ante la Suprema.

Al decidir al respecto, la jueza Vanessa E. Acosta Peralta destacó que “uno de los principios que rigen el proceso penal es la separación de funciones, contenido en el artículo 22 del Código Procesal Penal”.

El citado artículo dispone que “las funciones de investigación y de persecución están separadas de la función jurisdiccional. El Juez no puede realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal ni el Ministerio Público puede realizar actos jurisdiccionales”.