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SANTIAGO (República Dominicana).-El Ministerio Público tiene bajo investigación a muchas personas como parte de la Operación Falcón, aunque solo procederá, como en todos sus casos, a judicializar a los imputados contra los que tengan pruebas irrefutables, aseguró este viernes la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.

“Ustedes saben que este Ministerio Público tiene por política que hasta que no hace una imputación, por lo menos preliminar, en una medida de coerción, no hace referencia a ninguna persona (investigada)”, dijo Reynoso.

“La garantía y la seguridad que le podemos dar a la sociedad, y a toda aquella persona inclusive investigada, es que el Ministerio Público va a imputar solo a aquellas personas contra quienes tiene pruebas para hacer una imputación blindada, que es lo que hemos hecho hasta ahora”, añadió.

La titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público recordó que en el proceso de investigación que llevó a la Operación Falcón los equipos de fiscales llevan alrededor de un año trabajando. “Es una investigación, como hemos dicho, compleja, sobre hechos graves, de una estructura criminal que tenía una organización y un funcionamiento muy típico de las mafias, hemos dicho específicamente de la mafia italiana”, añadió.

Reynoso respondió preguntas de los periodistas tras salir de la audiencia en la que la jueza Iris Borges, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, decidió aplazar para el lunes el conocimiento de la medida de coerción contra los involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico.

“Nueva vez, el tribunal ha dispuesto un aplazamiento, para el próximo lunes, a las 10:00 de la mañana, a pedido de varias de las defensa”, dijo el fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, al explicar, además, que se produjo el cambio de abogado en uno de los imputados.

El fiscal Bonilla Hiraldo reiteró que el Ministerio “está completo y listo” para el conocimiento de la medida de coerción contra los integrantes de la red de lavado asociada a una organización criminal que introdujo miles de kilos de cocaína a Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.

Explicó además que el tribunal rechazó el pedimento de algunas de las defensas que solicitaron copias impresas de los documentos que respaldan la solicitud de prisión del Ministerio Público contra los imputados y que ya les fueron notificadas y entregadas de forma digital, lo cual les permite, a su vez, imprimirlas.

Hasta el momento están arrestados por el caso Juan Carlos Mosquea Eduardo, Enerio Rafael Sandoval Valdez, María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa), Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Juan Bautista Carpio Reynoso y el domínico-venezolano Julio César Jiménez Talavera.

También, contra José Alejandro de la Cruz Morales Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldy Read Ruiz.

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) persiguen, con el apoyo de todos los órganos de seguridad del Estado, a Erick Randhiel Mosquea Polanco (Rodolfo Beltrán, El Sony 7, El Chiquito, El Hombre y/o Chite) y a su hermano sus hermanos Harington José Mosquea Núñez y Claritza Andreina Mosquea Eduardo, así como a Alberto De Jesús Polanco (El Prieto y/o Many).

Al mismo tiempo, el Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil (Santiago), Héctor Darío Féliz Féliz (Pedernales) y Faustina Guerrero Cabrera (El Seibo), implicados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la la Operación Falcón, la cual se deriva de una amplia investigación que contó con la colaboración decidida de autoridades internacionales que luchan contra el crimen organizado.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió la petición del Ministerio Público y ratificó las medidas de coerción al exadministrador de la Lotería Luis Maisichell Dicent y a los demás vinculados al sorteo fraudulento del pasado 1 de mayo.

Previo al inicio de la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho dijo a periodistas que cubren el proceso judicial que en este caso debían de mantenerse las medidas de coerción impuestas a los imputados y resaltó los nuevos presupuestos  obtenidos en el transcurso de la investigación y  aportados al tribunal.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) indicó que en este caso fueron aportados nuevos elementos probatorios, incluyendo las querellas de varias bancas de lotería que resultaron perjudicadas. Indicó que el monto defraudado en el sorteo del 1 de mayo de este año asciende a más de 500 millones de pesos.

La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Solange Vásquez, ratificó la medida de coerción de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres al exdirector de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, así como a William Lizandro Rosario Ortiz y a Eladio Batista Valerio.

A  los coimputados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio les fue ratificada la prisión domiciliaria, en tanto que presentación periódica a Edison Manuel Perdomo Peralta, y a Miguel Mejía y a Rafael Mesa presentación periódica e impedimento de salida del país.

La revisión obligatoria de la medida fue fijada para el próximo 17 de diciembre, a partir de las 10:00 de la mañana.

Respecto al prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret), el procurador adjunto Wilson Camacho dijo que “el Ministerio Público ha puesto en movimiento las herramientas que le permite la cooperación internacional a fin de que esa persona pueda ser traída al país en el menor tiempo posible”.

La investigación de Operación 13 está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, que encabezan los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.

El presidente de la Cruz Roja Dominicana, doctor Miguel Sanz Flores, explicó que la ayuda consiste en  tres furgones cargados de insumos humanitarios con 1,120 kits de higiene, 925 kits de cocina para familias de cinco miembros, 551 kits de herramientas (Hjelter tool kot)  para la reconstrucción de viviendas y 1,790 lonas plásticas, partió hacia Haití vía  marítima desde el Puerto  Haina.

En una nota de prensa, la Cruz Roja Dominicana expresó que desde suelo dominicano y a través  del Corredor Humanitario, activado por la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, continuará enviando otros cargamentos  de ayuda para los afectados del terremoto de magnitud 7, 2  grados en la escala de Richter,  que el  14 de agosto a las 8:30 de la mañana,  sacudió al vecino país.  

 El pasado 20 de agosto la organización humanitaria envió a Haití el primer cargamento de ayuda humanitaria  no alimentaria  a través de un vuelo que partió desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

En esa oportunidad la ayuda consistió en kits de cocina para 500 familias de cinco integrantes, lonas plásticas, kits de herramientas para reconstrucción de viviendas, mosquiteros impregnables y bidones plegables de 10 litros para almacenamiento de agua.

Las Cañas, provincia La Vega, 17 de septiembre de 2021.- La coordinadora de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo, sor Trinidad Ayala Adames, y la presidenta de la Junta de Vecinos de Las Cañas, María Concepción Evangelista, denunciaron las deplorables condiciones que afectan a los estudiantes de la referida demarcación en vísperas de dar inicio al nuevo año escolar.

Escuela básica sin concluir, uso de edificación en ruinas

Hace nueve años fue intervenido el Centro Educativo Las Cañas, cuyo avance alcanzó un 85% de terminación; sin embargo, los trabajos para habilitar la infraestructura educativa se encuentran detenidos generando serias dificultades a miles de estudiantes procedentes de unas 12 comunidades.

Ante la falta del plantel escolar, la docencia se imparte en una pequeña y maltrecha edificación, cuyas precariedades estructurales imposibilita recibir a todos los estudiantes, la enseñanza se ofrece con baja calidad y coloca en situación de alto riesgo la integridad física, mental y emocional de los niños, las niñas y adolescentes, así como en el personal docente y administrativo.

Escuela técnica para atacar el desempleo juvenil

Asimismo, reclaman la construcción de una escuela con vocación técnica destinada a formar a los jóvenes de la región para incrementar las posibilidades de obtener un empleo digno o iniciar emprendimientos de negocios propios, con la finalidad de reducir la elevada tasa de desempleo que padece esta franja poblacional.

Intervenir carretera deteriorada

Demandan, además, el arreglo de baches, aplicación de asfalto y la señalización de la carretera El Río-Licey, que conecta a más de diez comunidades. La vía fue construida hace más de 21 años, sin recibir el debido mantenimiento desde su inauguración.

Inseguridad golpea a los habitantes, falta de iluminación eléctrica

«La comunidad está asediada por muchos atracos y robos, y hay lugares donde está oscuro, lo que da la oportunidad a los malhechores de poder hacer de las suyas», expresaron ambos representantes.

Consideran apremiante instalar 15 lámparas en el entorno público para disuadir a los delincuentes e incrementar la vigilancia con presencia de agentes policiales dispuestos a resguardar a las familias y habitantes de la zona.

Potentini recordó que el lavado de activos presupone de la existencia de un crimen precedente, que genere los bienes ilícitos, objeto del blanqueo de capitales, para el caso ocurrente el narcotráfico, delito que estaría persiguiendo la DEA, cuya imputabilidad y judicialización se conocería en los Estados Unidos de Norte América (EE.UU.), donde sí disponen de la logística y el seguimiento para lograr condena, naturalmente siempre privilegiando su modus operandi de negociar con los imputados, a los fines de ampliar la persecución de más actores pasibles de condenas.

En suma, los EE.UU. no reparan como prioridad en el decomiso de bienes, y más aún si no se encuentran en su territorio, más bien se centran en descabezar en su máxima expresión a las estructuras criminales que sirven de soporte al trasiego de drogas internacional, haciendo énfasis en la condición especial que geográficamente sitúa a la República Dominicana conjuntamente con Haití, como como países puentes del narcotráfico.

De acuerdo con la entidad cívica, estaríamos frente a la disyuntiva de tener procesos abierto en el país, huérfanos del delito precedente, que lo sería el narcotráfico, con una imputación objetiva difícil para el Ministerio Público, el cual hasta el momento no ha conseguido drogas en los allanamientos, más bien aparece como un colaborador de la DEA, quedándose con el problema de solo abordar el Lavado de Activos, sin un delito precedente.

Una salida o recomendación que haríamos al Ministerio Público, tal vez sería hacer acopio de la experiencia comparada, emulando el caso Alcapone en la década de los años 30 del pasado siglo, de perseguir el Lavado de Activos a partir de la evasión fiscal, en los casos donde aplique, entre otras acciones y estrategias.

Potentini al ser entrevistado en el tele-matutino 11, por los periodistas Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline Morel, que se transmite de lunes a viernes en horario de 8 a 9 de la mañana, por Telesistema, canal 11, explicó la simbología de la operación Falcón, donde el MP. en su medida de coerción compara al grupo como una organización mafiosa, similar a la mafia siciliana (Cosa Nostra Italiana), rememorando lo que parecería ser al juez antimafia Giovanni Falcone, quien logró más de 500 condenados, con penas que en conjunto superaban los 2,500 años de cárcel, un verdadero icono de la lucha en contra del crimen organizado, asesinado en Palermo, en el año de 1992, por la misma mafia que combatió, con la detonación de más de 500 kilos de explosivos, junto a su esposa y tres guardaespaldas.

Potentini afirmó que la mesa del aparato punitivo del estado, está coja y que le hace falta, con carácter prioritario la aprobación de una la ley de Extinción de Dominio, como única herramienta efectiva para recuperar los bienes ilícitos, fruto de actividades criminales, estableciendo un mecanismo de naturaleza civil y autónomo, donde al margen del juzgamiento penal, puedan las autoridades recobrar los bienes defraudados por la criminalidad organizada.

Asimismo, Justicia y Transparencia entiende que con la referida ley se rompería ese círculo vicioso de impunidad financiera, donde hasta el momento y de conformidad con las estadísticas, solo se recupera el 1% del patrimonio llevado entre las garras de la delincuencia.

Finalmente, Potentini al referirse a otros temas, anuncio para la semana próxima la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por ante el tribunal constitucional, en contra del decreto del ejecutivo que crea el denominado fideicomiso público para la administración de Punta Catalina por un periodo de 30 años, en manos de 5 personas físicas.