PC observa retraso en la aplicación de la carrera administrativa, mientras crece la nómina pública

Participación Ciudadana lamenta que el clientelismo visceral ha duplicado en siete años el total de empleados públicos.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, en el marco de su Observatorio a la Función Pública, realizó un monitoreo que identifica que del 2012 la nómina pública del gobierno central, sin los ayuntamientos y otros organismos descentralizados, era de 336,000 empleados, y para el 2014 estaba en 441,000; en el 2016 se situaba en 550,000, y hoy día sobrepasa los 650,000 servidores, duplicándose en solo siete años.

“Esto sugiere que se cuenta con un macro Estado con un empleado público por cada 13 habitantes y por cada ocho electores, lo que no se corresponde con el tamaño del territorio. Se trata de una estructura grande, ineficiente y cara. Una macroestructura, llena de organismos duplicados, que lejos de achicarse, en busca de una mayor productividad, se ha ampliado por las prácticas del patronazgo y el clientelismo”, expresó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.

El movimiento cívico advirtió que en contraste con esta política clientelar y como muestra de la escasa institucionalización de la administración pública, desde el 2008, año en que se aprobó la Ley de la Función Pública 41-08, solo se han incorporado a la Carrera Administrativa alrededor de 62,000 servidores, quedando evidenciado el retraso, lentitud y obstrucción para la incorporación de servidores públicos a la carrera administrativa general y especiales.

El Consejo Nacional de PC afirmó que lo más grave es que, desde el 2013 la incorporación a la Carrera Administrativa se ha semi paralizado, violándose los derechos constitucionales y legales de decenas de miles de empleados. 

En lo referente a las Carreras Administrativas Especiales, que contempla la Ley de Función Pública, a saber: Docente, Diplomática y Consular, Sanitaria, después de 11 años de aplicación de la ley 41-08, Participación Ciudadana sostiene que ha debido producirse una implementación rigurosa y sistemática de estas Carreras Especiales, donde también se producen violaciones a sus estatutos particulares, pero no ha sucedido así.

Para PC, más allá de las carencias, ausencias y contradicciones que la Ley de Función Pública 41-08 trajo consigo, es importante consignar que después de 11 años de su vigencia, la esencia de la misma no se ha instaurado, los empleados sujetos de incorporación a la Carrera, son unos 160,000, sucediendo que de estos apenas unos 62,000 (39%) han sido incorporados a la Carrera.

El Consejo Nacional de PC indicó que otra fuerte debilidad en la aplicación de la Ley 41-08, ha sido la inobservancia de la esencia democrática de la misma, al no aplicarse sus principios fundamentales, entre ellos: Mérito personal, Igualdad de acceso a la Función Pública, Estabilidad en los cargos y Equidad retributiva.

“Lamentamos que el clientelismo visceral ha duplicado en siete años el total de empleados públicos, en consecuencia, la incorporación a la administración pública no es fruto de la igualdad de oportunidades ni del mérito personal que se prueba con la participación en los concursos, siguiendo las descripciones de puestos y las especificaciones de los cargos”, manifestó.

Agregó que lo mismo sucede con la falta de equidad salarial, a partir del principio universal de: “a igual trabajo igual salario”, señalando que a siete años de la promulgación de la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, no se ha dictado ni emitido su Reglamento, lo que evidencia que a la Presidencia de la República no le interesa, dificultando su aplicación.

“Participación Ciudadana, que defiende una administración pública democrática, equitativa, real y eficiente, reconociendo que algunos servicios administrativos han mejorado, llama a la implementación de las reformas reales para el funcionamiento de un Estado moderno, con el cumplimiento de todas las normativas existentes y las nuevas reformas que sean necesarias”, sostuvo el Consejo Nacional de PC.

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