Santiago de Chile (EFE).- Con más del 80% de la población confinada, los hospitales a punto de colapsar y las nuevas variantes ganando terreno, Chile no ha tenido más remedio que abrir el debate sobre una posible postergación a mayo de las elecciones municipales, regionales y constituyentes del 10 y 11 de abril.
Una comisión de la Cámara de Diputados escuchó este lunes la opinión de expertos y autoridades sanitarias y electorales, luego de que el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, anunciara la noche del domingo un proyecto de ley para aplazar los comicios al 15 y 16 de mayo, que será presentado en las próximas horas en el Parlamento.
“Para este 10 y 11 de abril, no hay condiciones seguras no solo para realizar las elecciones sino para realizar ninguna actividad que no sea esencial”, dijo en la sesión la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.
La doctora, una de las figuras mejor valoradas por sus críticas contra el Gobierno durante la pandemia, alertó sin embargo que no se puede “asegurar que el día 15 y 16 de mayo no vayamos a tener un escenario adverso”, por lo que pidió mejorar la trazabilidad y endurecer las medidas sanitarias.
El proyecto de ley, advirtió por su parte el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, “se tiene que promulgar esta semana o, a lo más, los primeros dos días de la próxima».
La postergación de las elecciones, que aún no está asegurada, debe aprobarse por mayoría de dos tercios en el Parlamento, donde la oposición pide al Ejecutivo medidas “efectivas” para controlar la pandemia, como el cierre de los centros comerciales, y mayores ayudas sociales, como la aprobación de una renta básica universal para que la población respete las cuarentenas y no salga a trabajar.
Según el presidente del socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Múñoz, para que el cambio de fecha de los comicios “tenga sentido” y se pueda controlar la pandemia es necesario también cerrar fronteras.
“La cuarentena no puede ser un privilegio solo para quien puede pagarla y eso significa una entrega de recursos del Estado para quienes más lo necesitan”, indicó por su parte Gabriel Boric, del izquierdista Convergencia Social. El Gobierno, sin embargo, tilda las exigencias de la oposición de “chantaje inaceptable»- “No me imagino que ningún parlamentario quiera poner los intereses políticos, electorales, antes de la salud de las personas”, afirmó el vocero oficial, Jaime Bellolio.
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