Citan 2020 peor año para consumidores y usuarios de RD; llaman Presidente Abinader prestar atención a desorden impera en Pro Consumidor


Santo Domingo, R.D.-El 2020 ha sido ha sido uno de los años de mayor vulnerabilidad para los consumidores y usuarios de servicios en República Dominicana, no sólo por la pandemia sino por la carencia de políticas públicas implementadas por el las autoridades del país caribeño.

A tal criterio ha llegado la Asociación Dominicana para la Educación y Protección de los Consumidores y Usuarios (Adeproco), entidad que preside el periodista y activista social Salvador Polanco, quien planteó las escasas políticas públicas de protección y de educación al consumidor que implementó el Estado Dominicano fueron inexistentes.

Al  pasar revista a los resultados de las acciones en ese ramo en 2020, la Adeproco denunció que la ineficacia de Pro Consumidor como ente llamado a educar y proteger los derechos de los consumidores y usuarios se extiende a cinco años atrás, con la llegada de la doctora Anina del Castillo a Pro Consumidor, quien desempeñó el rol de quinta columna de un sector inconsciente del empresariado.

La Adeproco aprovechó la ocasión del inicio del año 2020 para llamar la atención del Presidente Luis Abinader, en el sentido de que la renunciante directora de Pro Consumidor sigue dirigiendo a esa institución a través de la señora Johanna Calderón Concepción, una persona inexperta en conocimientos del derecho y mucho menos en derecho de consumo y quien por mandato de su ex jefa ha dispuesto ascensos, aumentos de salarios, ha reducido a menos de un 2’% los servicios y ha incrementado el terror que ya antes existía contra los empleados de esa institución.

“Si en los últimos cinco años Pro Consumidor no ha servido para nada al país ni a los consumidores, con un 2020 en pandemia, en 2021 la cosa marcha peor porque esa institución está acéfala y quien la dirige de manera ilegal no tiene cabeza propia y está siendo narigoneada por una persona que tiene interés en dejar como director de Pro Consumidor a alguien que responde a criterios de particulares y que no reúne las condiciones del artículo 30 de la Ley 358-05 de protección al consumidor, en el sentido de que para ser director de esa institución debe ser egresado de una universidad”, manifestó.

Sectoriales

Adeproco planteó que el órgano rector del sector consumo en el país es Pro Consumidor, pero este organismo tiene alrededor de cinco años sin hacer nada en favor del consumidor dominicano, como tampoco lo hicieron el pasado año otros órganos sectoriales como Prousuario, Protecom y el CAU.

“Adeproco pudo constatar que, el sector eléctrico, por intermedio de las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad, se dieron a la tarea de estafar al consumidor en 2020, sin que los millones que se llevaron por sobre-facturación, energía no servida hayan sido compensados en violación flagrante a las disposiciones de la Ley 125-01 y sus modificaciones sobre suministro eléctrico”, planteó Polanco.

Sostuvo que más bien, desde la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) se llevó a cabo una política de suplantación de la Superintendencia de Electricidad (SIE) y de estafa al consumidor, tras indicar que en 2020 los órganos que debieron ser los protectores de los consumidores fueron sus verdugos,.

Mientras en materia de telecomunicaciones, la situación no fue muy diferente, dijo, debido a que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) sólo se ocupa de materializar el punto de vista de las empresas oferentes de servicios de telecomunicaciones, mientras ignora a los usuarios de esos servicios domiciliarios.

Refiere Adeproco, que otro tanto ocurre en la Superintendencia de Bancos (SIB), en la Superintendencia de Seguros (SS), órganos que cuentan con representación empresarial orgánica mientras los consumidores se encuentran excluidos.

En su informe sobre la situación de los consumidores y usuarios en 2020, Adeproco concluyó de manera siguiente:

“Solo hay que ver lo qué ocurre en la Silsaril cuyo Consejo Directivo trabaja exclusivamente para las ARS mientras, por ejemplo, la Dirección de Asistencia al Usuario (DIDA), es dirigida por una representación burocrática que, de ordinario, se confabula con las ARS para perjudicar a los afiliados a las mismas y para esquilmarles sus fondos de pensiones y de accidentes laborales sin que los afectados tengan una voz allí”.

“a SIB, por ejemplo, tiene a un banquero al frente y a ninguna representación de los usuarios de servicios bancarios. Por esa razón, allí solo se escucha el punto de vista de la banca, mientras se ignora a los usuarios de esos servicios, convirtiéndose, las tarjetas de créditos y los créditos hipotecarios, en estafa al consumidor, igual las cuentas de ahorro son con más de un truco y las cuentas a plazos fijos pagan intereses bajísimos; mientras la banca, es compensada con tasas preferenciales por el Banco Central, estos banqueros se sirven con la cuchara grande en desmedro de los ahorristas. Así no se construye un Estado Social.

“En materia de seguros, la situación no es diferente, la burócrata colocada al frente de ese órgano no ha tenido el menor acercamiento a los usuarios, ni se conoce cambio alguno que difiera de la política del incumbente del gobierno saliente. Son los mismos verdugos con diferentes caras e igual propósito: servir a las empresas aseguradoras, las que cuentan con un pool de empresas monopólicas para, por ejemplo, evadir pagos por daños a vehículos de motor y para no pagar seguros por daños laborales, ni de vida. Porque, llegado el momento, recurrirán a los tribunales y los jueces serán cómplices del hurto al usuario de este servicio.

“Adeproco espera que 2021, sea el año en que las políticas públicas empiecen a reflejar el mandato de regulador que tiene el Estado frente a los diversos sectores y que haga el equilibrio en los desequilibrios del mercado ahora ahondados por la pandemia.

“Que se ejecute una política de buenas prácticas comerciales, de calidad, cantidad y volumen con un sistema de pesos y medidas que no dé lugar a engaños como ocurre con los combustibles fósiles: gasolinas, gasoil, gas propano, etc. Que el comercio sea justo. Que se derogue la ley 45-20 por ser lesiva al crédito en general, a las Mipymes y al consumidor”.

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