SAO PAULO.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó con 14 vetos una ley que prevé medidas para combatir la diseminación de la pandemia del coronavirus en los territorios indígenas, entre ellos los puntos que obligaban al Gobierno a asegurar agua potable y materiales de higiene a los pueblos originarios., informaron este miércoles medios locales.
La ley sancionada, aprobada por el Congreso el pasado 16 de junio, fue publicada junto con los vetos este miércoles en el Diario Oficial y estipula medidas de apoyo a las comunidades tradicionales de Brasil para frenar la propagación de la COVID-19.
Entre los artículos vetados figuran el que obligaba al Gobierno brasileño a garantizar a los indígenas el “acceso universal al agua potable” y la “distribución gratuita de materiales de higiene, limpieza y desinfección en las aldeas”.
Bolsonaro, quien testó positivo para el nuevo coronavirus la víspera, también vetó la oferta en carácter de urgencia de camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos a los indígenas, así como la adquisición o facilitación de ventiladores y máquinas de oxigenación sanguínea.
También fueron vetados los puntos que preveían la liberación de recursos extras destinados a dar prioridad a la salud indígena ante la “emergencia de salud pública debido a la COVID-19” y la facilitación de su acceso a la ayuda estatal de 600 reales (unos 110 dólares) creada durante la pandemia.
El presidente brasileño rechazó además el artículo que establecía la elaboración y distribución, en formatos diversos, de materiales informativos sobre los síntomas del coronavirus en las aldeas de todo el país, así como la instalación de puntos de internet en las comunidades y la repartición de cestas básicas.
Para justificar los vetos, el Ejecutivo brasileño argumentó que las medidas previstas y aprobadas por el Parlamento creaban “gastos obligatorios” para el Gobierno sin demostrar cuál sería su “impacto presupuestario y financiero”, lo que sería inconstitucional.
Asimismo, señaló que los vetos obedecen a razones de “interés público e inconstitucionalidad” y fueron establecidos tras “escuchar los Ministerios de Salud, de Justicia y Seguridad Pública, de Economía y de la Mujer, Familia y Derechos Humanos”.
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