COVID19; beneficios de su prolongación para el oficialismo.

El éxito de las elecciones del 05 de julio, dependerá fundamentalmente de la capacidad de la Junta Central Electoral, para brindar condiciones de salubridad en los centros de votación que generen confianza a toda la población.

En su Boletín Especial Epidemiológico no. 39, del 26 de abril del año 2020, el Ministerio de Salud Pública, informó que hasta la fecha se habían procesado un total de 23,485 pruebas del virus COVID-19. Esta alarmante cifra indica que en la República Dominicana (un país con una población que supera los once millones de habitantes), se han estado aplicando un promedio de 602.17 pruebas diarias. Lo que nos coloca respecto a esta situación por debajo de otros países de la región, como Chile, que a la misma fecha había realizado 149,212 pruebas de diagnósticos, Ecuador (45,857) y Cuba (39,828), correspondientes todas hasta el 26 de abril del corriente año.

El avance vertiginoso del COVID-19 en nuestro territorio, contrastado con la actitud pasiva y negligente asumida por  las autoridades, da la impresión que desde las sombras se intenta interrumpir el pleno funcionamiento de las instituciones públicas; para que los candidatos oficialistas sean quienes ejerzan a título personal las funciones asignadas por ley al Estado, como: fumigación, desinfección, repartición de alimentos, ayudas económicas, entregas de materiales y equipos médicos, entre otras; con recursos que en la gran mayoría de casos provienen de entidades estatales, destinadas a esos fines, estimulando con el uso abusivo de la maquinaria estatal, una inescrupulosa y desigual competencia, en detrimento de los otros candidatos; pretendiendo disfrazar sus reales intenciones detrás de una máscara mesiánica. Esta burla a la inteligencia del pueblo soberano, equivale a intentar confundir el oportunismo con la solidaridad, es como si una mano que aun siendo visible nadie ve, quisiera prolongar la condición actual, para llegar a la fecha electoral en plena pandemia y sacarle provecho político a la situación.

Llama la atención, que el gobierno haya ignorado las solicitudes del Colegio Médico Dominicano (CMD), de liberar las pruebas de COVID-19 y disponer gratuitamente de las mismas, de igual forma; las sugerencias de quienes representan el liderazgo político, social y económico de la Republica Dominicana, quienes han coincidido en la necesidad de eficientizar el diagnóstico mediante la masificación de la toma de muestras. Con esta actitud insensata, quienes dirigen el país obvian que el éxito de aquellas naciones que han podido mitigar el desarrollo y la propagación del coronavirus, se ha debido a que han implementado la combinación del aislamiento social, con medidas de higienes y la aplicación de pruebas masivas; de esta manera identifican oportunamente a los contagiados, confinándolos por el tiempo que dure su recuperación y cese su condición de vector o transmisor del coronavirus.

Todo esto pudiera dar la impresión de que el gobierno dominicano trafica con el dolor y las necesidades que en estos momentos embargan a las familias dominicanas. Debido a que no es un secreto, que los escándalos de corrupción que se les atribuyen a la actual gestión, sumados estos a la reciente división del partido oficialista y a la carencia de un candidato presidencial que concite apoyo y confianza en el seno de la sociedad, han provocado el estrepitoso declive de la organización morada, que cada dia se coloca más lejos de la victoria electoral.

Tal parece, que como una estrategia perversa y despiadada, se apuesta a obstaculizar el descontento social, con la celebración de las elecciones presidenciales en pleno auge del coronavirus, por consiguiente, sembrar el pánico y provocar niveles altos de abstención electoral, en los que el clientelismo en su máxima expresión y el uso abusivo de los recursos del estado impondrían una victoria que no se correspondería de ninguna manera, con la genuina expresión de la voluntad popular. En esto pudiera sustentarse la actitud injustificada de no aplicar pruebas masivas y de no adoptar medidas efectivas que brinden resultados satisfactorios y regresen la confianza.

Por último, cabe destacar que un proceso electoral seguro, en el cual los ciudadanos puedan acudir confiadamente a sus respectivos recintos de votación, con la garantía de que no se expondrán a riesgos sanitarios, requiere que expeditamente los partidos políticos y los sectores que conforman la sociedad dominicana, exijan de manera contundente  la inmediatez en la masificación de las pruebas de diagnóstico del COVID-19, conjuntamente con el confinamiento provisional de todos los casos positivos detectados, la extensión de las medidas económicas a los sectores sociales que aún están desprotegidos, la identificación y posterior supervisión de los actuales focos de contagio, mayores niveles de control en las calles, la puesta en ejecución de un programa de desinfección, adopción de medidas estricta de higiene en los centros de votación y materiales y equipos de protección sanitaria para el personal que trabajará en el proceso y el ciudadano que ejercerá su derecho democrático.
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