En una reunión del Consejo de Seguridad sobre Haití, Bachelet dijo que con un 59 por ciento de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza, Haití sigue siendo el país más pobre de América.
Bachelet añadió que este país caribeño insular enfrenta considerables dificultades económicas y sociales, incluyendo limitadas oportunidades de empleo, principalmente para los jóvenes.
Además, muchos haitianos no tienen acceso a servicios básicos como atención médica, agua, electricidad y educación, dijo.
La grave situación humanitaria es exacerbada por la vulnerabilidad de Haití a los desastres naturales y "cada sismo y huracán obstaculizan aún más el desarrollo e intensifican las ya precarias condiciones de vida de muchos", señaló.
En cuanto a la seguridad, Bachelet dijo que en "áreas desfavorecidas" de la capital, Puerto Príncipe, bandas armadas aprovechan la limitada presencia del Estado y señaló que la competencia entre bandas rivales ha causado muertes, violencia sexual, destrucción y saqueo de hogares.
Bachelet ha observado crecientes disturbios violentos en todo Haití desde julio, en los que han muerto al menos 60 personas, incluyendo miembros de la policía nacional haitiana, y muchos han resultado heridos.
Al mencionar la debilidad del sistema judicial haitiano, Bachelet dijo que se calcula que más del 75 por ciento de los reos se encuentra en detención preventiva durante un promedio 1.110 días, mucho más que el límite establecido por la ley nacional.
La prolongada detención previa al juicio contribuye a un extremo hacinamiento y a prácticas que equivalen a trato degradante e inhumano, añadió.
La jefa de derechos humanos enfatizó que la rendición de cuentas se debe considerar una medida efectiva para generar confianza en las instituciones y añadió que reforzar la base del Estado de derecho significa evitar más violaciones a los derechos humanos y facilitar una paz sostenible.
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