SANTO DOMINGO.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció hoy una trama criminal contra el presidente del Sindicato de Choferes y Propietarios de Autobuses de la provincia La Altagracia (Sichoprola), Leonte Torres Jiménez, por parte alegadamente de directivos de la Asociación de Propietario de Autobuses del Transporte Público de la Provincia La Altagracia (Aptpra).
Manuel María Mercedes, presidente de la CNDH, quien realizó hoy una rueda de prensa frente a la Procuraduría General de la República, explicó que todo radica en que Torres Jiménez exige la devolución de los bienes de Sichoprola que están en mano de los ejecutivos de Aptpra.
Pidió la intervención urgente del procurador general de la general de la República, Jean Alain Jiménez, ordenar la protección del sindicalista “porque de lo contrario el sería el responsable de cualquier cosa que le pueda pasar a Torres Jiménez”.
Mercedes mostró varias sentencias de tribunales de San Pedro de Macorís y Santo Domingo que ordenan a APTPRA devolver las paradas y locales de Sichoprola que ocupa en Higüey, Bávaro y la Capital, “pero la respuesta ha sido una trama que se está orquestando contra el señor Leonte Torres Jiménez”.
Dijo que todo comenzó a finales del año 2011 cuando el diputado del Partido Liberal Reformista, quien presidía Guido Cabrera, que presidía a Sichoprola, perdió unas elecciones ante Torres Jiménez y en vez de entregar los bienes del sindicatos logró ponerlo todo a su nombre en la antigua Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT).
“Lo que pasa en este país es que el pierde en justicia trata eliminar al otro por los medios que sea y estamos ante una situación casi de hecho de sicariato, donde se estaría planeando el asesinato de Torres Jiménez”, sostuvo.
Torres Jiménez
Mientras que Torres Jiménez denunció que todos los bienes de Sichoprola están siendo detentado desde haces por los propietarios de Aptpra a pesar de tener varias sentencias que le ordenan su devolución.
Explicó que el diputado Guido Cabrera Martínez, cuando fungía como secretario general del Sichoprola, conocía lo dispuesto por la ley de tránsito, en la que se establece que los vehículos de transporte de pasajeros deben ser propiedad de los operadores.
Expresó que por esta razón, en octubre del 2010, solicitaron a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) transferir los contratos de rutas a nombre de los empresarios dueños de guaguas, sin realizar ninguna asamblea.
Además, sostuvo que el presidente de Aptpra, Junior Castro Montilla, registró el nombre de Sichoprola a su nombre, por lo que se sometió una demanda para que se cancelara ese registro, numeral 31663, en abril del 2011.
Asegura que fueron con una sentencia que le otorgó el derecho a Sichoprola, la cual fue apelada por Castro Montilla y en la misma fue condenado por no presentarse a concluir el proceso jurídico. Torres Jiménez agregó que “queremos dejar claro que sabemos que tenemos ganancia de causa en los tribunales, por la forma ilegal en que fueron transferidos los contratos de ruta y los bienes de Sichoprola
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